¿Por qué cayó Dilma Roussefff?

La crisis política y económica de Brasil ha agravado en los últimos años las incertidumbres y aprehensiones de la economía mundial, hoy recesiva y turbulenta.

Sacudida la Unión Europea por el brexit y  otros incordios; reducido el impulso que China ha dado a los mercados mundiales; demorada en precarios altibajos  la recuperación económica de Estados Unidos; y en ambiente de guerra mundial, pocos agravantes podrían ser peores que una crisis  integral en Brasil.

En una situación tan confusa, entre prolongados y nerviosos debates internacionales, poco a poco se extendió la idea de que la causa de todos los problemas era la presidenta Dilma Rousseff, y que, por eso, su remoción era imprescindible y urgente.

La simplicidad de esa conclusión podría traer prontas desilusiones, porque las políticas económicas y sociales de doña Dilma son parte, no causa, de un conflicto interior más antiguo, más grande y más complejo.

En 2011, la señora Rousseff recibe del señor Lula una economía creciente (PIB cree 7.5% en 2010), alto empleo y menos pobres.

Pero en ese año se agravan las consecuencias de la crisis financiera mundial de 2008, y China reduce sus compras en los mercados mundiales, las que habían financiado parte sustancial de los progresos de Brasil.

Es así que en 2011, el PIB cree en 2.7%, y baja otra vez, en 2012, a,  0.09%.

Ya en 2012, una devaluación monetaria de 12% fue inevitable.

Y sin embargo, ella logró mantener alto el empleo y el salario real, y aún montar un programa integral de gasto social.

Mientras Lula había elevado el ingreso de las mayorías con subsidios focalizados, doña Dilma extendió el gasto directo a la educación, a la vivienda, a la salud, a la infancia, a las madres solteras, y a todo otro tema de mejora social de los más pobres.

Este programa, sumado a los compromisos sociales que dejó Lula, llevó el gasto fiscal a niveles impagables, que contaminaron el resto de la economía.

Pero ya en 2010, el último año de Lula, la reducción de la pobreza extrema había comenzado  a bajar, tendencia que creció con el nuevo gobierno.

La presión popular, latente cuando no activa en el país, no tardaría en radicalizarse.

En vísperas del recién pasado mundial de fútbol, multitudes se lanzaron a las calles a protestar, en lo que esta columna llamó “insurrección callejera”.

Aquellas protestas multitudinarias no atacaron a la presidenta, sino a los políticos y al sistema representativo de gobierno, que, exigían, debía ser sustituido por una democracia participativa, de poder horizontal.

La cuestión brasileña es muy antigua, y en aquellos momentos fue la primera manifestación organizada en América Latina de la rebelión mundial de la clase media, que está harta de promesas incumplidas, de liderazgos mesiánicos, de corrupción y de incompetencia administrativa.

No creo que doña Dilma haya actuado por demagogia.

Más bien su error podría ser el de algunas izquierdas y derechas actuales: creer que la economía puede ser administrada directamente con paradigmas ideológicos, sin considerar las realidades políticas y económicas concretas de cada país y situación.

Pero doña Dilma cometió otro error, esta vez letal: combatió de frente y sin aliados la corrupción compartida de funcionarios con empresarios.

Despidió a seis ministros, llevó a juicio a 37 altos funcionarios, 25 de los cuales fueron sentenciados a penas de cárcel; obtuvo una condena de 10 años para el colaborador más cercano de Lula. Empresarios notables fueron también encarcelados.

Y además quedó claro que la corrupción había alcanzado al poder legislativo, origen y bastión de la lucha para destituirla.

Ciertamente, Doña D-ilma Rousseff, por sus convicciones morales, y quizás por  cierta ingenuidad política, parece una mujer demasiado peligrosa para gobernar su país.

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